El Gobierno de José Antonio Kast envió un proyecto de ley al Congreso para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entre los cambios propuestos destacan la eliminación de la facultad de presentar querellas criminales, reducción de 11 a 5 integrantes en su Consejo y la creación de un cargo de director ejecutivo. El INDH conservaría la posibilidad de presentar recursos de protección y amparo, así como actuar como amicus curiae en causas judiciales. Estas modificaciones buscan fortalecer la naturaleza consultiva y técnica del organismo, acorde a estándares internacionales.